Libertad de conciencia

La libertad de conciencia es la capacidad de cada persona para adoptar, mantener, cambiar y, si lo desea, manifestar sus convicciones morales, religiosas o ideológicas sin coacción externa. Suele entenderse también como el derecho a no hacer aquello que la ley, la autoridad o la costumbre exigen cuando choca con la convicción personal, como ocurre con el objetor de conciencia.

La idea tiene raíces antiguas. Algunos historiadores han visto antecedentes en los edictos del rey indio Ashoka, en el siglo III a. C., y en debates de la filosofía griega sobre la libertad del individuo. Sin embargo, durante siglos el pensamiento cristiano discutió el libre albedrío más como capacidad de elegir el bien y hallar la verdad que como derecho frente al poder. Con la Reforma protestante y las guerras de religión cobró fuerza la exigencia de que la fe debía nacer de la convicción propia y no de un credo impuesto. Autores como Dirck Volckertsz Coornhert, Michel de Montaigne o John Locke defendieron que ninguna autoridad podía obligar a creer; la Ilustración y el liberalismo del siglo XIX dieron después una formulación secular, desligada de la religión.

Para Ferdinand Buisson, la tolerancia nace del respeto a la conciencia individual, una idea que recogió de Sébastien Castellion. Félicité Robert de Lamennais la vinculó a la separación entre Iglesia y Estado y a la libertad de culto, mientras que John Lilburne sostuvo que ninguna iglesia ni autoridad debe imponer una fe a quien no la comparte. Joxe Azurmendi hizo de su defensa el eje de su obra.

Un ejemplo sencillo: un médico que se niega a practicar un procedimiento que considera contrario a sus principios morales puede invocar la libertad de conciencia, siempre que el ordenamiento jurídico prevea esa excepción.

Hoy el concepto se debate en torno a sus límites: hasta dónde llega la objeción frente a la ley común, cómo se distingue de la libertad de expresión y de la libertad religiosa, y si la presión social para acomodarse a cánones aceptados puede coartarla tanto como la represión política. Es reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.